Rastreados por el móvil para frenar al coronavirus

Telefónica y otros siete operadores de telecomunicaciones proporcionarán datos de localización de sus usuarios de teléfonos móviles a la Comisión Europea para facilitar el seguimiento de la expansión del coronavirus. Es una petición que formuló el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, a la que estas compañías han contestado afirmativamente y que ya ha suscitado inquietud entre algunos sectores, que ven un paso hacia el control estatal del ciudadano y una amenaza a su privacidad.

Bruselas asegura, sin embargo, que los datos serán utilizados de forma agregada y anónima, sin identificaciones individuales y que se borrarán una vez pasada la crisis. El objetivo de la iniciativa es “poder anticipar la evolución de la expansión de la pandemia y en particular su probable pico en cada país. Esta es una información crucial para planificar el aprovisionamiento de equipo médico, como ventiladores y máscaras”, argumenta Breton en una carta a la eurodiputada holandesa Sophie in’t Veld, que había expresado alarma por la potencial violación de las normas europeas de privacidad.

El comisario le da garantías al respecto. En concreto, indica que los datos son totalmente agregados y anónimos y que no se podrán utilizar para seguir a ciudadanos individuales, que serán borrados una vez haya pasado la emergencia sanitaria y que el supervisor europeo de protección de datos ha dado ha dado por su parte el visto bueno.

Garantía de la Comisión

Son datos anónimos, agregados y se borrarán una vez superada la pandemia

“La Comisión no comprometerá la privacidad de nuestros ciudadanos. Actuará como controlador de los datos y garantizará su uso adecuado”, asegura Breton.

Bruselas ha contactado con un operador por país, entre los que están, además de Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Teleno, Telia y A1 Telekom Austria.

Según Bruselas, la operación entra dentro de los provisiones de la directiva ePrivacy y el Reglamento Europeo de Protección de Datos personales, una normativa que permite determinadas excepciones en la recogida de información en base a situaciones de emergencia en el terreno de la salud pública.

No se trata de nada parecido al uso de los datos de los móviles que hacen en otros países como China, Corea del Sur o Singapur, que rastrean la geolocalización individual de ciudadanos para comprobar si respetan las normas de confinamiento (incluso multar a los infractores) y tener un mapa de sus movimientos precisos y determinar el nivel de riesgo que puedan suponer. Aquí todo es anónimo y agregado; da la foto del global, no de los comportamientos individuales.

Control estatal

China, Corea o Singapur siguen a sus ciudadanos para ver si cumplen el confinamiento

De hecho, en Austria, Italia o el Reino Unido ya se están realizando estudios estadísticos a partir de datos de telefonía móvil, no sin cierta polémica. La semana pasada en Italia se supo, por ejemplo, que el 40% de los ciudadanos de Lombardía (la región más afectada por la pandemia) seguían desplazándose regularmente pese al decreto de confinamiento, una información obtenida a través de la geolocalización de sus móviles. Las autoridades advirtieron que algunos movimientos eran por motivos laborales, autorizados, pero también había muchos otros por razones superfluas.

La petición la formuló el lunes el comisario Breton en una videoconferencia con los operadores de telecomunicaciones, donde argumentó que sus datos permitirían establecer la relación entre las medidas de confinamiento y la propagación del virus, y harían posible anticipar los picos de contagio.

El supervisor europeo de protección de datos ha confirmado la validez de la iniciativa, dado que la legislación es suficientemente flexible para permitir usar medidas de este tipo. “Datos efectivamente anónimos caen fuera del marco de las reglas de protección de datos”, indica Wojciech Rafał Wiwioroksk, que añade que la agregación de los datos es una garantía adicional.

También lo es el carácter “extraordinario” de esta autorización, enfocada para esta crisis específica y con carácter temporal. El supervisor recomienda mantener plena transparencia ante la opinión pública sobre el objetivo y los procedimientos puestos en marcha, y acaba con un aviso. Si hay cualquier modificación en el futuro, será necesario consultarlo de nuevo. También advierte que si la Comisión requiere la participación de terceras partes para procesar la información obtenida, tiene que aplicarles medidas equivalentes de seguridad para garantizar la confidencialidad.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/