La Justicia investiga el acceso a datos judiciales confidenciales por parte de informáticos del Gobierno de Madrid

Informáticos de la Comunidad de Madrid llevan al menos una década accediendo a datos judiciales confidenciales en todo tipo de tribunales, presuntamente sin el consentimiento de los jueces. Un juzgado de Madrid ha imputado a dos trabajadores de la empresa pública por revelación de secretos y también al responsable de informática del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), que recibía esos datos y los usaba para reclamar el pago de las cuotas mensuales a sus colegiados.

La investigación se inició hace dos años pero es ahora cuando se han producido los primeros avances. Los dos informáticos imputados son empleados de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), ahora denominada Madrid Digital. ICM es una empresa pública dependiente del gobierno regional, encargada entre otras cosas del mantenimiento de los ordenadores de los juzgados de Madrid. La empresa está inmersa en la investigación del caso Púnica por contribuir a la financiación ilegal del PP de Madrid. Llegó a manejar presupuestos de más de 150 millones de euros anuales.

Cada mes, los dos informáticos investigados generaban un fichero con una tabla que contenía todos los datos de los casos en los que habían intervenido los procuradores, cuyo papel es representar a las partes en los procesos judiciales y encargarse de algunos trámites.

Esas tablas de datos contenían el nombre y apellidos de los procuradores y su número de colegiado. Además incluían en qué tribunal se había llevado el proceso, el tipo de procedimiento judicial –divorcio, desahucio, un recurso, etc–. Algunos de los listados aportados a la causa incluyen también el nombre de sus clientes y quién era el contrario en el caso, con nombre y apellidos. Esos datos son reservados y están solo a disposición de los secretarios judiciales de los tribunales.

Esa información, que se enviaba por mail mensualmente, juega un papel fundamental en la financiación del Colegio de Procuradores. Cada procurador debe estar colegiado para poder ejercer su profesión y para ello ha de pagar una cantidad fija al ICPM y otra variable en función de los procedimientos en los que haya intervenido. Para esta última cuota es imprescindible disponer de la información que les enviaban los informáticos de la Comunidad de Madrid.

Tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial han visto en este proceso de intercambio de información indicios de delito, porque no consta que los tribunales de los que se extraen los datos hayan dado su permiso, ni que tengan conocimiento de la obtención y cesión de los datos.

Un procurador denunció «chantaje»

El caso se inició en octubre de 2017 tras la querella que puso un procurador que se negó a pagar la cuota variable y acabó dado de baja del Colegio. En ella relataba que desde 2004 recibe «listados de procedimientos judiciales en los que habría intervenido profesionalmente» desde ICPM, que le reclamaba un importe por cada uno de ellos «bajo amenaza de que de no proceder a dicho pago sería dado de baja en la profesión e inhabilitado para su ejercicio». Este procurador asegura que no cedió al «chantaje», por lo que no pudo seguir ejerciendo.

La querella se presentó en Coslada (Madrid) porque era en ese partido judicial en el que ejercía el procurador. El Juzgado de Instrucción número 5 de esa localidad comenzó a investigar el caso pero lo cerró enseguida. Argumentó que los ficheros a los que habían accedido desde la Comunidad de Madrid no contenían datos de carácter personal y que tenía permiso.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, a la que recurrieron el denunciante y la Fiscalía, obligó el pasado 27 de junio a reabrir la investigación. En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, la Sección Segunda de ese tribunal advierte de que no se ha investigado lo suficiente y argumenta que hay indicios de que los informáticos de la Comunidad de Madrid «accedieron sin autorización» a los ficheros. «Se desconoce por qué lo hicieron y cuáles fueron los datos obtenidos, pues solo se sabe de aquellos que pusieron a disposición del jefe de informática del ICPM», añaden.

En el auto, los jueces advierten de que el Código Penal protege la información personal contenida en ficheros de datos y recuerdan que se entiende por «reservados» todos los que no son susceptibles de ser conocidos por cualquiera. Es decir, aquellos que requieren de una autorización para ser consultados. Así, recalcan que en este caso hay indicios de que «se produjo reiteradamente durante años un acceso no autorizado» a datos judiciales.

«Se desconoce el alcance de dicha intromisión»

La Audiencia Provincial dice que «se desconoce el alcance de dicha intromisión» pero que hay constancia de que los ficheros se enviaban al ICPM, por lo que con esos indicios es necesario continuar investigando para averiguar «la razón por la que se produjeron dichos accesos inconsentidos a datos reservados que, por lo expuesto, deben considerarse de carácter reservado».

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Coslada se ha visto obligado a retomar la investigación y para ello citó como imputado el pasado 27 de septiembre a Julio M. F., quien fuera responsable de informática del área de Justicia de la empresa madrileña de informática. En su comparecencia ante el juez admitió el acceso a esos datos reservados: relató que había un procedimiento en marcha desde 2009 por el cual mensualmente «se extraía información de procedimientos». Conseguida la información, comprobaban que estuviese en un formato correcto y se enviaba al departamento de Informática del Colegio de Procuradores.

Julio M. afirmó que tenía «instrucciones de generar con esa periodicidad los ficheros» y aludió a que el permiso procedía de un acuerdo de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sin embargo, no supo explicar si el TSJM había llevado a cabo el trámite de informar a los juzgados de que tenían que ceder esos datos, solo dijo que le habían ordenado ese trabajo desde «la administración de Justicia», aunque no precisó de quién partió la orden.

En su declaración no especificó cómo era el proceso: solo contó que se diseñó «una aplicación para este fin». «Los procesos se ejecutan en servidores, se generan ficheros», fue la única explicación que dio. Los datos que se extraían se adjuntaban después en un mail que enviaba otro informático, Jesús María F. G., directamente al departamento de informática del Colegio de Procuradores. El proceso, dijo, se continúa haciendo hoy en día. eldiario.es se ha puesto en contacto con Julio M., que ha declinado hacer cualquier comentario sobre la investigación.

Jesús María F., por su parte, está citado para declarar como imputado el próximo 14 de octubre, junto con el informático del ICPM que presuntamente recibía esos ficheros, Cristóbal T. A. El juez ordenó el mismo 27 de septiembre a la Guardia Civil que rastree la IP desde la que se extrajo la documentación que se investiga y que acredite también las direcciones desde las que se intercambiaban los emails con los ficheros.

Fuentes de la Consejería de Justicia se remiten al mismo acuerdo del TSJM al que aludió el informático imputado. Ese acuerdo es del 20 de diciembre de 2004, aunque apuntan que la puesta en marcha del proceso no se inició hasta 2009. Sostienen que el proceso siempre ha estado avalado por ese tribunal. El denunciante, por su parte, argumenta que cada órgano judicial tenía que haber dado su consentimiento, algo que no ha ocurrido.

El envío de datos se ha parado de forma temporal, desde que se tuvo conocimiento de la investigación judicial, según informa la Consejería. Además, afirma que la agencia se ha dirigido al TSJM para que dé una instrucción de cómo proceder y ha ofrecido cambiar el procedimiento: poner a disposición del propio TSJM o de los órganos judiciales competentes para que sean ellos quienes se ocupen del proceso.

Fuente: El Diario